El Pleno del Ayuntamiento aprobó ayer jueves 25 de octubre de 2018 el Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad 2019-2022, tal y como podemos ver en la propia web del ayuntamiento, una herramienta de gestión que reconoce los derechos de los inmigrantes e incluye un total de 68 medidas en 5 áreas de aplicación, y que se plantea como, según manifiesta el consistorio, «un cambio de enfoque desde una gestión meramente asistencial a otra basada en el reconocimiento de los derechos de las personas», en palabras de la concejala de Cooperación al Desarrollo y Migración, Neus Fábregas Santana.

Una de las medidas del mencionado plan es “regular” el Top Manta en Valencia y proporcionales espacios habilitados para ello (donde al parecer, según requerimientos y a falta de ver el plan al completo, se espera que puedan vender allí productos que no sean falsificaciones y no contravengan la ley de derechos de autor y copyright), además de darles la posibilidad de la inserción mediante cooperativas y la posibilidad de obtener la llamada “tarjeta de vecindad”. 


Este ha sido uno de los puntos tratados en la sesión plenaria del mes de octubre, una sesión que comenzó con un minuto de silencio de toda la Corporación en memoria y homenaje a la política valenciana Carmen Alborch, fallecida el miércoles. Alborch fue concejala del Ayuntamiento de Valencia entre los años 2007 y 2011, en los que ocupó el cargo de portavoz del Grupo Municipal Socialista y aspirante a la alcaldía.

Tras el recuerdo de la Corporación Local a Alborch, ha continuado la sesión en la que se ha votado el Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad, con polémica incluida, el cual ha obtenido el respaldo únicamente del Equipo de Gobierno, ya que los partidos de oposición se han manifestado contrarios a su aplicación por motivos diversos, que han expuesto durante el debate. Previamente, ha tomado la palabra el representante de SOS Racisme y vicepresidente del Consejo Local de Inmigración e Interculturalidad, Papa Balla, quien ha felicitado al Consitorio por este plan y por las acciones efectuadas desde el año 2015 que, ha afirmado, «han convertido al Ayuntamiento de Valencia en la locomotora de las ciudades europeas en materia de políticas inclusivas».

Habilitar un espacio para el Top manta en la ciudad de Valencia puede significar permitir la venta ambulante de productos falsificados que, en su gran mayoría, son introducidos por mafias y redes internacionales que infringen copyright o el derecho de autor vigente en nuestro país –a través de la venta de ropa, calzado, complementos o películas y cd´s de música, entre otros artículos-. Se trata de una actividad delictiva que, además, no solo se contraviene en las normas municipales sobre la venta ambulante que está regulada en los mercadillos extraordinarios y ambulantes mediante una tasa, sino que también lo hace en las establecidas a nivel estatal en lo mencionado sobre el Código Penal español, el cual persigue la venta de materiales falsificados con carácter penal y castigo de prisión en lo mencionado en el artículo 153.3 y del 270 al 277 del mencionado código. 

La concejala de Ciudadanos Amparo Picó, explicó su postura contraria al Plan porque, ha asegurado, «lleva a falsas expectativas al colectivo de personas inmigrantes», y por entender que el fenómeno de los denominados ‘manteros’ genera «competencia desleal con el pequeño comercio». Por su parte, el concejal del PP Cristóbal Grau, ha criticado que el Plan «carece de compromiso presupuestario» y ha calificado alguna de sus iniciativas, como la ‘tarjeta de vecindad’, de «tomadura de pelo».

El Plan Municipal de Inmigración e Interculturalidad 2019-2022 plantea ubicar en un espacio concreto de la ciudad de Valencia a los manteros, además de ofrecerles la posibilidad de formar cooperativas de inserción –con las que pagarían sus impuestos, tasas, etcétera-, en las que se buscaría alejarlos de la venta callejera para que ellos mismos pudieran abandonar la actividad actual y, así, aportar al ayuntamiento u estado como lo puede hacer cualquier vendedor ambulante que paga sus tasas en los mercadillos.

 

Sin embargo, esto puede ser algo que para muchos puede suponer competencia desleal y perjudicar al pequeño comercio por, entre otras cosas, eludir las responsabilidades municipales y estatales en cuanto a los pagos, tasas e impuestos obligatorios para empresas, negocios y autónomos, ya que a pesar de que se trataría de una medida de ayuda, intento de solucionar un tema difícil y de proporcionarles la idea de la creación de una cooperativa de inserción -en la que cotizarían y pagarían impuestos-, en la práctica sería completamente imposible trasladar a todos y cada uno de los manteros a una sociedad cooperativa en la que vendiesen artesanía o productos creados por ellos mismos, un modelo parecido, por no decir igual, que la ciudad de Barcelona, el cual, por desgracia, buenas intenciones y a pesar de los esfuerzos, ha fracasado. 

La concejala Fàbregas Santana ha rechazado las críticas que, ha asegurado, son sólo una excusa formal para no votar a favor del Plan, y ha lamentado que los grupos de la oposición no fijen su postura exacta respecto a la migración y a la población extranjera, que supone más del 16% en nuestra ciudad.

El planteamiento en sí es absurdo, pues el plan, todavía en estudio, en uno de sus puntos (en el referido al top manta) obliga a los manteros, según la concejalía de Mercados y los grupos que votaron a su favor, a tener papeles legales (sin un documento oficial, NIE, no se pueden dar autorizaciones de ocupación en la vía pública; apenas hay espacio en los mercados extraordinarios (por lo que habría que buscarles una zona de la ciudad en la que, en ningún caso, sería el centro, a pesar de que los propios manteros así lo quieren y que, si ese fuera el caso, no estarían cercanos a ninguno de los dos mercados extraordinarios que hay en el centro); no se sabe todavía si compartirán espacio con los comerciantes ambulantes, aunque la concejalía de Migraciones creen que sería lo ideal; los propios grupos que han votado a favor del plan, no se ponen de acuerdo en los impuestos que pagarán, aunque todos están de acuerdo en que se tendrían que adaptar a la ley o ser muy similares, aunque apuntan a que hay que tener en cuenta su situación de vulnerabilidad y que se pueden bonificar en parte o en su totalidad las tasas municipales; la intención del consistorio es que no puedan vender productos falsificados y puedan trabajar de manera legal vendiendo artesanía o productos realizados por ellos mismos.

Según la concejala, «este Plan supone un cambio total del enfoque sobre la gestión del fenómeno migratorio: desde la postura del gobierno anterior, que era asistencial, a la actual que se basa en el reconocimiento de los derechos de las personas».

En los últimos años, el Top Manta ha crecido de manera alarmante en algunas zonas del centro -aunque no es nada nuevo-, saltándose las normativas municipales, tal y como ya en el pasado manifestaron y denunciaron, sobre todo, la Asociación de Comerciantes del Centro. Los sindicatos de policía siempre han reiterado que la problemática reside en que no hay personal suficiente para hacer frente a esta actividad, sobre todo en fechas como en Fallas, donde los agentes se centran en la seguridad de las personas durante la gran fiesta fallera. 

El Plan se estructura en torno a 5 áreas de actuación, y contempla un total de 68 medidas concretas. Tal como ha explicado la delegada, se ha elaborado con el apoyo técnico de la Universitat de València, y en colaboración con las principales entidades sociales y especializadas que trabajan este sector. Próximamente daremos detalles de cada una de las medidas.

Otro de los puntos del plan es el planteamiento de un documento llamado de vecindad -para los inmigrantes en situación irregular-, el cual, según manifestaron en el pleno partidos políticos contrarios a la medida, «es engañar a la gente, ya que éste estatus de vecindad solo se alcanza solo a través del registro del padrón». 

 

 

 

La foto de portada pertenece a Manuela Rosello Burguet

 

 

 

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