EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA IMPULSA EXPEDIENTES SANCIONADORES A LAS PROPIEDADES DE ESPACIOS AGRÍCOLAS ABANDONADOS.
- Alejandro Ramon ha asegurado que los campos tienen que mantenerse en condiciones óptimas y ha defendido el uso del Banco de Tierras Agrícolas como alternativa al abandono.
Valencia, 24 de noviembre de 2020. El Ayuntamiento de Valencia, a través de la Concejalía de Agricultura, Huerta y Alimentación Sostenible y el Consell Agrari Municipal, ha impulsado expedientes sancionadores contra las personas propietarias de parcelas de uso agrario que no se encuentran en un estado correcto de limpieza y salubridad y que desatiendan los requerimientos previos para proceder a su acondicionamiento.
El concejal de Agricultura, Alimentación Sostenible y Huerta, Alejandro Ramon, ha afirmado que el objetivo de esta iniciativa es concienciar a la ciudadanía de la necesidad de mantener las parcelas agrícolas en un estado y uso adecuados, tal y como establece la normativa vigente y ha defendido el uso del Banco de Tierras Agrícolas como alternativa al abandono de los espacios agrarios. “El Banco de Tierras supone una herramienta perfecta para paliar el abandono de parcelas y los problemas que se derivan, como por ejemplo el incremento del riesgo de incendio, la proliferación de plagas y roedores así como de vertidos incontrolados, la erosión del suelo o la degradación paisajística”, ha explicado.
El edil ha incidido en la importancia de la transmisión a generaciones futuras de los conocimientos de las prácticas agrícolas y ha insistido en la necesidad “de evitar la pérdida del bagaje y la tradición culturales que supone la interrupción” de esa transmisión intergeneracional. “Por eso es importante incentivar a las personas propietarias a ponerlas en cultivo por terceras personas, con la consecuente disminución de problemas ambientales y socioeconómicos generados por los abandonos”, ha añadido.
Los importes de las sanciones a imponer, calificadas en principio como leves, pueden ascender hasta los 300 euros, que se reducirían en un 20 % si las personas propietarias infractoras reconocen su responsabilidad. El plazo de resolución y notificación de las sanciones es de tres meses.
LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE AGRICULTURORES EXPLOTA CONTRA EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA: “SI UN AGRICULTOR ABANDONA SU EXPLOTACIÓN ES PORQUE NO PERCIBE PRECIOS JUSTOS”.
Valencia, Martes 24 de noviembre de 2020. La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) manifiesta su “sorpresa y estupefacción” ante el anuncio de amenazas de sanciones económicas y penalizaciones de ayudas dirigidas a los agricultores porque “criminalizan a la víctima, puesto que los actos supuestamente punibles son consecuencia directa de la incapacidad de las propias administraciones para resolver los problemas del sector y garantizarles una rentabilidad digna”.
Por un lado, el ayuntamiento de Valencia ha lanzado una campaña de aperturas de expedientes sancionadores –con cuantías de hasta 300 euros– a aquellos propietarios de campos abandonados que se encuentran en mal estado de mantenimiento. AVA-ASAJA considera que “si un agricultor abandona su explotación es porque no percibe precios justos por su producción al estar desamparado por las administraciones. Que esta iniciativa surja de València resulta especialmente sangrante, ya que llevamos varios años con una Ley de la Huerta que solo ha comportado limitaciones, obligaciones y restricciones a la actividad agrícola, pero hasta el momento no ha puesto un euro para mejorar la rentabilidad. Menos multas y más incentivos es lo que necesitan los agricultores valencianos”.
La conselleria de Agricultura, por otro lado, también advirtió ayer a los arroceros del parque natural de La Albufera de pérdidas de ayudas europeas si no fanguean la paja del arroz arrastrada por las lluvias a sus parcelas, es decir, si no introducen estos restos dentro del suelo para provocar un exceso de materia orgánica. AVA-ASAJA recuerda que “los graves problemas económicos, sociales y medioambientales que está generando la gestión de la paja del arroz es responsabilidad de las propias administraciones. La mejor solución es retirar todo el residuo que se pueda, que no suele superar ni el 3% del montante total, y todo lo demás quemarse de un modo ordenado y controlado con la finalidad de evitar plagas y enfermedades del cultivo en la siguiente campaña y, en caso de pudrición como sucede este año, la aparición de aguas negras sin oxígeno y mortandad de fauna y flora de este paraje protegido”.
AVA-ASAJA reprocha al consistorio de Valencia y a la conselleria que dirige Mireia Mollà de “estar más preocupados por criminalizar al sector agrario y por recaudar impuestos que por proporcionar soluciones que favorezcan una sostenibilidad de la actividad agraria en sus territorios”. La asociación les recomienda tomar ejemplo del ayuntamiento de Algemesí, el cual ayer anunció ayudas de 100 euros por hanegada para adquirir nuevos patrones y llevar así una adecuada reconversión varietal: “De nada nos sirve que la clase política proclame el papel esencial y la función estratégica de la agricultura si luego ese mensaje no viene acompañado de medidas de apoyo, y menos aún nos sirve si lo que llega en realidad son más multas y más impuestos. En las crisis se ve claramente de qué pasta estamos hechos, y tanto la Conselleria de Agricultura como el ayuntamiento de Valencia se han quitado la careta”.
