Valencia ha dado un paso fallido en la lucha contra la contaminación: este 1 de diciembre se han activado 278 cámaras de control de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), pero sin multar a nadie (el sistema, finalmente, monitorizará los pasos de los vehículos, identificará las etiquetas y tipología, y el lugar de registro o procedencia). El Ayuntamiento asegura que su función ahora es exclusivamente estadística, aunque la realidad es que la ZBE, tal como estaba planteada, ha fracasado antes de empezar, por lo que se ha buscado una excusa barata y una función para salvar su instalación.
El PP pretendía aprobar una ZBE “blanda” y progresiva, que entraría en vigor en varias fases hasta 2028, afectando inicialmente solo a vehículos antiguos procedentes de fuera de Valencia y ampliando gradualmente las restricciones hasta incluir a todos los coches sin etiqueta ambiental, incluso de los vecinos. La normativa contemplaba excepciones para vehículos de actividad económica, emergencias, personas con movilidad reducida y familias con menores, así como 48 accesos puntuales al año y títulos gratuitos de EMT para los ciudadanos.
Sin embargo, esta propuesta fue rechazada ya hace semanas (incluso las posteriores modificaciones), dejando la ZBE sin aplicar y a la ciudad sin las ayudas europeas vinculadas. Tras este rechazo, la oposición planteó extender la ZBE hasta la V-30, buscando una cobertura mucho más amplia que permitiera reducir la contaminación de manera efectiva, pero tampoco logró aprobarse debido a la falta de acuerdos políticos.
El debate político es tan complejo como frustrante. El Pleno del Ayuntamiento rechazó ayer 1 de diciembre la moción presentada conjuntamente por PSPV y Compromís para aprobar la ordenanza de la ZBE. Según el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, la ciudad no tiene ordenanza porque ni la oposición ni Vox la aprobaron en su momento. Mientras tanto, las entidades vecinales alertan del riesgo para la salud y piden más zonas verdes y corredores peatonales y ciclistas.
María Soledad Ramírez, de la Asociación Cuidem La Raïosa, reclamó una ZBE “de máximos” y subrayó que “no se trata de ir contra el coche, sino a favor de la salud pública”. Por su parte, Jose Manuel Felisi, de Mesura-Valencia per l’aire, anunció que denunciarán al Ayuntamiento ante Europa si no se toman medidas correctoras para mejorar la calidad del aire. La presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos, María José Broseta, también pidió diálogo y acuerdos entre gobierno y oposición.
Pero la política valenciana ha vuelto a demostrar su incapacidad para consensuar. Carbonell reprochó a los grupos de la oposición “buscar el lío político” y calificó su moción de “brindis al sol”, mientras la oposición señalaba la negativa del equipo de gobierno a negociar y su inacción frente a un problema de salud y económico que pone en riesgo 150 millones de euros en ayudas europeas.
La portavoz de Compromís, Papi Robles, denunció que la alcaldesa Catalá “lleva un año poniéndose de perfil” y que su gobierno, junto a Vox, “está completamente descontrolado”. Robles criticó que el PP se niegue a aprobar medidas que reducirían la contaminación, mejorarían el transporte público y protegerían a los vecinos, dejando a Valencia sin ZBE y sin recursos para aplicar ayudas.
Por su parte, Vox centró su discurso en la “libertad” y la supuesta imposición ideológica de la ZBE. José Golsálbez aseguró que no se trata de ecología, sino de control, y criticó que las familias tengan que pagar coches nuevos o adaptaciones para cumplir la normativa.
Entre tanta disputa política, conviene recordar un punto clave que alguna persona usará para tacharnos de negacionistas: la implantación de la ZBE no es una obligación europea, por mucho que nos intenten colar. Se realiza en cumplimiento de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, que busca mitigar la contaminación derivada de la movilidad. Europa solo pide mejorar la calidad del aire, por lo que la obligación de crear Zonas de Bajas Emisiones y las restricciones que conllevan son decisiones españolas, delegadas a cada ayuntamiento y, en la práctica, un impuesto más para los ciudadanos.
En este escenario (si la cosa no cambia), Valencia se queda con las cámaras encendidas (que costaron un pastón), sin multas, sin ordenanza y sin ayudas, lo que viene a ser «compuesta y sin novio». La ZBE ha quedado en promesas incumplidas, excusas baratas y enfrentamientos partidistas. Mientras tanto, la salud de los vecinos del cap i casal y el futuro económico de la ciudad (porque está de moda depender de ayudas) están en juego, pero parece que la política en general sigue ocupada en salvarse a sí misma antes que a la ciudad.
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Una Corporación de pandereta, desprecio a la movilidad racional, un transporte público deficiente tanto en la ciudad como en su área metropolitana.
La Alcaldesa y su gobierno carecen de valentía, empuje y coraje político, para acometer sin complejos las medidas necesarias. Es necesario un acuerdo que vele x el interés general.
Y mientras tanto aumenta el kaos y la contaminación. A pagar el pato la ciudadanía como siempre. Inútiles o ineptos, igual da.
Vox y la alcaldesa Catalá, quieren ahogarnos y contaminarnos a los vecinos de Valencia, no quieren quitar los vehículos más contaminantes, y tampoco nos escuchan, hacen falta miles de árboles, en verano Valencia es un infierno de vehículos contaminantes y asfalto, también podrían llevar al desguace autobuses de Emt antiguos, que tiran veneno.