- La Zona de Bajas Emisiones en Valencia es mucho más que un plan ambiental: es un chantaje e imposición encubierta. Lo que se vende como lucha contra la contaminación no deja de ser un condicionante para acceder a ayudas estatales y europeas. O se aprueba la ZBE tal como exigen los programas de financiación, o la ciudad pierde millones en subvenciones y descuentos. Mientras tanto, 278 cámaras vigilan las calles sin multar a nadie, un fracaso que se nota antes incluso de empezar.
- El proyecto, inicialmente planteado como progresivo y lleno de excepciones, ha quedado finalmente bloqueado por la falta de consenso político. Valencia se queda sin ordenanza efectiva, sin recursos asociados y atrapada en un circo político de promesas incumplidas y excusas baratas.
- La ZBE, lejos de proteger la salud o mejorar la movilidad, se convierte en un impuesto más para los ciudadanos y un reflejo del desastre en la gestión municipal. Porque la realidad es otra: se puede mejorar la calidad del aire sin imposiciones ni nuevos impuestos, tal y como han conseguido otras ciudades.
Valencia, 26 de diciembre de 2025. El acceso de Valencia a las ayudas al transporte público depende directamente de que la ciudad tenga activa la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Aunque el Gobierno ha otorgado a los municipios que aún no la han implementado una prórroga hasta finales de 2026, esta extensión no garantiza que las subvenciones se mantengan automáticamente.
Desde el Ministerio de Transportes recuerdan que el Ayuntamiento de Valencia deberá devolver las ayudas percibidas en el segundo semestre de 2025 si no cumple con la normativa, y que las ayudas de 2026 estarán condicionadas al funcionamiento efectivo de la ZBE. Esto significa que, aunque se puedan solicitar anticipos semestrales, solo se conservarán los fondos si la ZBE está operativa al final de cada período.
La medida busca dar tiempo a los municipios para adaptarse, pero también subraya la importancia de avanzar en la movilidad sostenible. Valencia necesita poner en marcha la ZBE para poder beneficiarse de los fondos estatales y europeos destinados al transporte público, evitando la devolución de millones de euros y garantizando una financiación estable para mejorar la movilidad de la ciudad.
Valencia no recibirá ayudas al transporte público mientras no tenga Zona de Bajas Emisiones
El Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre, de medidas de promoción del uso del transporte público mediante la bonificación de abonos y títulos multiviaje publicado en el BOE núm. 309 de 2025 recoge, en su artículo 7 (apartado 3, letra a), que “En el caso de municipios de más de 50.000 habitantes y territorios insulares, a la pertinente acreditación, mediante declaración responsable, o bien de disponer de una zona de bajas emisiones activa en su territorio, o bien de implantarla y que se encuentre en funcionamiento durante 2026, de conformidad con la obligación legal establecida en el artículo 14.3 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo”.
A continuación, artículo publicado el 23 de diciembre de 2025:
Lo que ayer 22 de diciembre de 2025 se certificó en el pleno del Ayuntamiento de Valencia no fue solo el rechazo definitivo a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE). Fue la constatación de un fracaso político, económico y de planificación que ya empieza a tener consecuencias directas para la ciudad y para el bolsillo de los valencianos.
Valencia entra en 2026 incumpliendo la Ley de Cambio Climático, sin ZBE en vigor y con la amenaza real de perder ayudas, subvenciones y capacidad para optar a fondos futuros. Meses de negociación, informes técnicos y advertencias han acabado en nada.
El primer golpe: 14 millones para salvar la EMT.
La consecuencia más inmediata ya tiene cifra. El Ayuntamiento de Valencia deberá asumir 14 millones de euros para mantener los descuentos en los títulos de la EMT que hasta ahora estaban subvencionados por el Gobierno central, y que estaban condicionados a la aprobación de la ZBE.
Uno de los ejemplos más claros es el bonobús de diez viajes, bonificado hasta ahora en un 20%. Sin ZBE, esa financiación estatal desaparece. La alcaldesa, María José Catalá, ha anunciado que el consistorio asumirá el coste para evitar que el precio pase de 5,10 euros a 8,50 euros.
Es decir, el Ayuntamiento paga lo que antes cubría el Estado. Y eso es solo el principio.
El Ayuntamiento de Valencia confirma que congela los precios de la EMT pese a la incertidumbre:
El Ayuntamiento de Valencia asumirá durante el primer semestre de 2026 la financiación de las bonificaciones de la EMT que el Gobierno Central podría suprimir por la falta de aprobación de la ZBE. La alcaldesa, María José Catalá, ha explicado que esto supondrá una inversión de 14 millones de euros a pulmón, garantizando que los vecinos no sufran incrementos en los precios del transporte público.
Se mantendrán los descuentos del 100 % para la población infantil, el 50 % en EMT Jove y el 40 % en el resto de títulos, incluyendo Bonobús, Bonobús Personalitzat y MoviEMT. Además, se han aprobado los procedimientos y requisitos sociales para otros títulos como EMTambTu, Bono Oro, MovimEMT y Bono Mascota. Catalá asegura que el consistorio seguirá peleando ante el Ministerio para optar a las ayudas directas, mientras garantiza la estabilidad de las tarifas para la ciudadanía.
Valencia no recibirá ayudas al transporte público mientras no tenga Zona de Bajas Emisiones
Un nuevo escenario: ¿30 millones… o más de 130?
El rechazo de la ZBE abre ahora un escenario de incertidumbre económica y política. Desde el gobierno municipal se habla de una pérdida que no superaría los 30 millones de euros, vinculados principalmente a ayudas al transporte.
Sin embargo, desde el Ministerio recuerdan que la ZBE no solo afecta a descuentos en billetes, sino también a proyectos urbanos, movilidad sostenible y planes estratégicos. Según cálculos de la oposición, el impacto total podría alcanzar los 130 o incluso 135 millones de euros entre subvenciones perdidas, sanciones y fondos a los que Valencia dejaría de poder optar.
La alcaldesa ha asegurado que “lo va a pelear”. El problema es que, de momento, la ciudad ya ha incumplido.
Un pleno que certifica el fracaso:
Ayer, el gobierno municipal votó en contra del último intento de salvar la ZBE, una herramienta obligatoria por ley para todas las ciudades de más de 50.000 habitantes. La moción de urgencia presentada por Compromís y PSPV eliminaba de la ecuación dos de los grandes puntos de fricción (el Corredor Verde y la reversión de Colón) para facilitar un acuerdo.
No sirvió de nada. PP y Vox votaron en contra de la urgencia y tumbaron la moción. No hubo acuerdo, no hubo alternativa y no hubo plan B.
Valencia afronta ahora el nuevo año sin ZBE, sin cobertura legal y con un riesgo económico evidente.
Los avisos estaban sobre la mesa:
El debate se apoyó en el informe de la Sindicatura de Comptes, que deja poco margen a la interpretación. El organismo autonómico establece que una ZBE debe cumplir dos objetivos claros: mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático.
Según ese informe, el planteamiento defendido por PP y Vox era tan laxo que no suponía una mejora significativa. El régimen transitorio previsto en Valencia, de tres años, junto a múltiples excepciones, dejaba el impacto real en apenas un 5% de los vehículos, con más de 48 accesos permitidos al año.
La Sindicatura advertía además de riesgos legales y reputacionales por no cumplir la normativa estatal. Ayer, esos riesgos se materializaron.
Mientras otras ciudades avanzan, Valencia retrocede según la oposición:
En España, grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Córdoba, Málaga, Granada, Zaragoza, Valladolid, San Sebastián o Alicante ya tienen ZBE operativas, muchas de ellas con sanciones en vigor.
Otras están en fase de implantación progresiva, pero con ordenanzas aprobadas y un calendario claro. Valencia, en cambio, entra en el grupo de ciudades que ni cumplen ni avanzan, pese a estar obligadas por ley desde 2023.
Más de 150 municipios deben tener ZBE. Solo una parte lo ha conseguido. Valencia ha decidido, de momento, sumarse al bloque de las incumplidoras o de las que creen que esto es una imposición que condiciona ayudas.
Reparto de culpas y bloqueo político:
El gobierno municipal insiste en señalar a quienes votaron “no” a la ordenanza, recordando que una moción no tiene efectos jurídicos. La oposición, por su parte, acusa directamente a PP y Vox de haber llevado a la ciudad a un callejón sin salida, no solo por las ayudas perdidas, sino por la incapacidad futura para acceder a fondos europeos y estatales.
Vox, por cierto, no participó en el debate. Su papel se limitó a tumbar la ordenanza en octubre, tras haberla negociado previamente para vaciarla de contenido.
Hace un mes ya os contábamos en Una Valencia sin Zona de Bajas Emisiones, cámaras activadas sin multas y políticos enfrentados que El Ayuntamiento de Valencia activaba 278 cámaras de control para la ZBE pero sin multar, y que la falta de acuerdo entre partidos dejaba a la ciudad sin ordenanza y en riesgo de perder 150 millones de euros en ayudas.
Nueva polémica: Ciudades Conectadas, otro fiasco que suma millones, según la oposición.
Valencia vuelve a sumar un frente crítico en movilidad. El gobierno de PP y Vox ha reconocido esta mañana el incumplimiento del contrato con Indra Sistemas para la puesta en marcha de la plataforma Ciudades Conectadas, primer proyecto estatal de integración de modos de transporte urbano. La penalización impuesta a la empresa asciende a 1.010.262 euros, pero, según denuncia Compromís, esto apenas cubre el agujero real, que podría llegar a 24 millones de euros, sumando devoluciones de fondos europeos y posibles sanciones.
El proyecto, iniciado en octubre de 2021 y financiado con fondos europeos NextGeneration, pretendía crear un gemelo digital de la movilidad para planificar y mejorar el transporte público, integrando autobuses, taxis, bicicletas y otros modos en una única plataforma. La plataforma permitiría, entre otras cosas, simular el impacto de nuevas líneas, ampliaciones de recorridos y medidas para reducir la contaminación.
El informe del Consejo de Administración de la EMT revela que el contrato ya había sido prorrogado un año sin penalización por incumplimiento previo, y que el segundo retraso compromete la explotación efectiva de la plataforma y pone en riesgo los objetivos del proyecto y la financiación europea. Giuseppe Grezzi apunta que la responsabilidad recae en la gestión del concejal Jesús Carbonell, pero que la alcaldesa María José Catalá es la principal responsable por mantenerle al frente.
En suma, mientras Valencia enfrenta el fiasco de la ZBE y millones en ayudas perdidas, ahora se suma el nuevo agujero de Ciudades Conectadas, evidenciando que los problemas de planificación y ejecución en movilidad urbana no son aislados, sino estructurales.
Qué pasará ahora:
El escenario es claro y poco halagüeño:
- Valencia incumple la ley estatal a partir del 1 de enero de 2026.
- El Ayuntamiento asume millones que antes pagaba el Estado.
- Se abre la puerta a sanciones, retirada de subvenciones y pérdida de fondos futuros.
- No hay una ZBE alternativa ni un calendario creíble sobre la mesa.
Tras meses de negociaciones, llamadas tardías a la oposición y advertencias técnicas ignoradas, la ZBE de Valencia se cae definitivamente.
Lo ocurrido ayer en el pleno no fue un simple revés político. Fue la confirmación del mayor fiasco municipal del actual mandato, con consecuencias que no se medirán en titulares, sino en millones de euros y oportunidades perdidas para la ciudad.
Otra perspectiva: ayudas condicionadas y ZBE como imposición.
Más allá del debate político y económico, hay otra lectura de lo ocurrido: la ZBE de Valencia no surge únicamente como una herramienta ambiental, sino como una condición para acceder a ayudas estatales y europeas. En la práctica, esto convierte la normativa en una especie de imposición económica: o se aprueba la ZBE tal como exigen los programas de financiación, o la ciudad pierde millones en subvenciones y descuentos.
Desde el 1 de diciembre, el Ayuntamiento ha activado 278 cámaras de control de la ZBE, pero de momento no multan a nadie. Su función ahora es meramente estadística: monitorizar pasos de vehículos, identificar etiquetas y analizar procedencias. Aunque el gobierno municipal asegura que es un paso preparatorio, la realidad apunta a que la ZBE ha fracasado antes de empezar, y las cámaras solo sirven para justificar su instalación.
El PP había planteado una ZBE “blanda” y progresiva, con fases hasta 2028, afectando primero a vehículos antiguos de fuera de Valencia y ampliando restricciones paulatinamente. La normativa incluía excepciones para vehículos de actividad económica, emergencias, personas con movilidad reducida y familias con menores, así como 48 accesos puntuales al año y títulos gratuitos de EMT para los ciudadanos. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada y la ZBE no llegó a aplicarse, dejando a Valencia sin ayudas vinculadas y con un debate que sigue abierto.
La oposición propuso extender la ZBE hasta la V-30, buscando un área de cobertura más amplia que permitiera realmente reducir la contaminación, pero tampoco se logró aprobar. Mientras tanto, vecinos y asociaciones alertan del riesgo para la salud y reclaman medidas efectivas, como más zonas verdes y corredores peatonales y ciclistas.
El discurso de Vox sobre “libertad” y supuesta imposición ideológica refleja la percepción de muchos ciudadanos: que la ZBE no es un mandato europeo directo, sino una obligación derivada de la Ley de Cambio Climático española, condicionada por incentivos y ayudas que, de no cumplirse, se traducen en sanciones o pérdida de fondos. En la práctica, esto convierte la normativa en un impuesto más para los ciudadanos, mientras las cámaras permanecen encendidas, sin multas, y la ciudad sigue sin ordenanza efectiva ni recursos asociados.
En este escenario, Valencia se queda atrapada entre promesas incumplidas, excusas políticas y enfrentamientos partidistas, con la salud de los vecinos y el futuro económico de la ciudad en juego, pero con la política más preocupada por salvarse a sí misma que por salvar la ciudad.
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Me parece increíble decir que las condiciones para acceder a una subvención, es una imposición.
Quieres ayudas? Pues cumples las condiciones, y si no, te callas y las pierdes. Pero querer el dinero y a la vez, quejarte por las condiciones es como mínimo hipocresía.
Han tenido años para implementar la ZBE, pero VOX manda y al final, perdemos todos los ciudadanos en Valencia, porque no tenemos acceso a subvenciones, ni mejoras en el aire y encima, lo que vamos a pagar por perder subvenciones existentes al transporte público, saldrán de las arcas del ayuntamiento.
Y que con cosas así, después de todo lo que ha pasado con la Dana, sigan votando a estos impresentables de VOX es para retirar el derecho a voto a mucha gente
Valencia es el laboratorio de lo que el PP, condicionado por Vox, hará en España. Ya hemos visto la incompetencia de sus cargos políticos durante la DANA, hemos visto como igualan a robaperas y mujeriegos con ladrones millonarios de guante blanco y maltratadores. Vemos como manipulan con medias verdades, falsedades y manipulaciones. Ahora la culpa de la ZBE es del que pone la directiva para, precisamente, BAJAR LAS EMISIONES.
Si el PP va a seguir arrodillado y subordinado a Vox, mientras critica que el PSOE nacional intenta pactos con otros grupos que, al menos, mejoran la vida de los ciudadanos entonces ya pueden deducir lo que es HIPOCRESÍA E INCOMPETENCIA.
El Ayuntamiento de Valencia es el de unos cuantos que sacan banderas que hace años las teníamos superadas.
Soy de izquierdas y jamás votaría ni votaré a los señoritos y patrones, pero eso de que la ZBE ayuda al pueblo, si yo tengo un coche de 20 años que va perfecto, y ¿tengo que cambiar de coche? ¿Eso no es una imposición? ¿Es igualitaria? NO: si no tienes capacidad económica y eres una persona que cuida y mantiene su vehiculo, la ley te pasa por encima, siendo mucho más ecológico que cualquiera que compra un coche nuevo. Además la ZBE prohibe la circulación de los coches más viejos, que son minoría… ¿cuántos váis a prohibir entrar? A los cuatro desgraciados que cuidamos nuestro coche y no nos da la gana cambiarlo. Lo democrático es, como en todas las normas EURO, cambiar la industria, no prohibir la circulación de la gente menos pudiente. Encima las etiquetas son un despropósito, mi coche no tiene, emitiendo 139gr, menos que muchos tanques con mini-bateria-excusa que sí pueden entrar. Lo dicho, estamos en manos de los peores de la clase, sálvese quien pueda.
Soy de izquierdas y jamás votaría ni votaré a los señoritos y patrones, pero eso de que la ZBE ayuda al pueblo, si yo tengo un coche de 20 años que va perfecto, y ¿tengo que cambiar de coche? ¿Eso no es una imposición? ¿Es igualitaria? NO: si no tienes capacidad económica y eres una persona que cuida y mantiene su vehiculo, la ley te pasa por encima, siendo mucho más ecológico que cualquiera que compra un coche nuevo. Además la ZBE prohibe la circulación de los coches más viejos, que son minoría… ¿cuántos váis a prohibir entrar? A los cuatro desgraciados que cuidamos nuestro coche y no nos da la gana cambiarlo. Lo democrático es, como en todas las normas EURO, cambiar la industria, no prohibir la circulación de la gente menos pudiente. Encima las etiquetas son un despropósito, mi coche no tiene, emitiendo 139gr, menos que muchos tanques con mini-bateria-excusa que sí pueden entrar. Lo dicho, estamos en manos de los peores de la clase, sálvese quien pueda.